(Antonio Moral, economista; Benito García, primer teniente de alcalde; Pablo Carrillo, alcalde de Pozoblanco y Fernando Llagas, asesor jurídico)
El nuevo gobierno municipal de Pozoblanco está dispuesto a exigir responsabilidad patrimonial al anterior alcalde, Baldomero García (PP), en cumplimiento del artículo 145.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que establece que la Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca.
Así lo señalaron este miércoles el alcalde, Pablo Carrillo (PSOE), y el primer teniente de alcalde, Benito García (CDeI), que avanzaron que darán cumplimiento a la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Córdoba que condena al Ayuntamiento a abonar 89.309 euros a los 17 trabajadores de la empresa constructora El Ochavo S.A. por el periodo de 13 meses en que la obra de la avenida Marcos Redondo -conocida como de la alineación- en la que trabajaban estuvo paralizada por un decreto firmado por el anterior alcalde, Baldomero García y que los tribunales señalaron que no se ajustaba a derecho. La sentencia, que es firme, fija indemnizaciones que oscilan entre los 2.000 y los 10.000 euros según cada caso.
Por otro lado, el Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un informe en el que sitúa en 36.388 euros la indemnización que el consistorio debe realizar a la empresa constructora, como reflejó en un documento una arquitecta contratada por el anterior equipo de gobierno, pero indica que deben añadirse a esa cifra los capitales invertidos, la inactividad y el abandono de la obra y los daños acreditados.
El abogado Fernando Llagas aclaró que aunque el Consejo Consultivo emite un informe que no es vinculante, es muy aconsejable tenerlo por tal “dado su prestigio y su solvencia jurídica”. Señaló asimismo que el anterior equipo de gobierno se habría excedido del margen de tolerancia con su actitud tras seguir con la paralización a pesar de las numerosas sentencias parciales a favor de la legalidad de la obra.
El Ochavo S.A. reclama 1,5 millones de indemnización a lo que se suma 1.122.000 euros que también solicita Ezequiel Olmo, propietario de un local en la obra afectada.
El alcalde, Pablo Carrillo, señaló que pelearán para que el coste para las arcas municipales sea el mínimo posible y el teniente de alcalde, Benito García, dijo que el PP y el PA "por un capricho político irresponsable" han generado "esta tragedia para la situación económica del Ayuntamiento", a la vez que insistió en que la intención del PP y del PA era ir contra un gobierno legítimo, sacar provecho político, crear tensión y enfrentar a la ciudadanía con el equipo de gobierno que existía en aquel momento.
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